La decisión de enviar a Venezuela, entre otros, al asesor del presidente sobre América Latina y el Caribe en el Consejo de Seguridad Nacional ha abierto una crisis a la Casa Blanca, con divisiones dentro del propio Ejecutivo y duras críticas no sólo de republicanos, sino también de destacados demócratas. De hecho la presidencia norteamericana ha tratado de atajar la polémica decisión de entablar diálogo con el régimen de Nicolás Maduro alegando que su objetivo era, en parte, liberar a rehenes estadounidenses en Venezuela.
Esos contactos han provocado incluso críticas a Biden por parte del demócrata que preside la comisión de Exteriores del Senado, Bob Menéndez, quien ha dicho la noche de este lunes 7 de marzo: «Maduro es un cáncer para nuestro hemisferio y nada de lo que hagamos le debería dar nueva vida a su reino de tortura y asesinato.
Como tal, me opongo clara y rotundamente a cualquier esfuerzo que rellene los bolsillos de los oligarcas del régimen de Maduro con dineros del sector petrolero mientras que Maduro sigue privando al pueblo venezolano de sus derechos humanos, libertades e incluso necesidades básicas como un plato de comida».
La crisis abierta por la decisión del presidente de EE.UU. de dialogar con un régimen al que ha llamado dictadura, y al que ha acusado de crímenes de lesa humanidad, ha llevado a la portavoz de Joe Biden, Jen Psaki, a tratar de defender la misión a Caracas como un intento de «asegurar la salud y el bienestar de ciudadanos estadounidenses detenidos» y a negar que haya un acuerdo inminente para rebajar sanciones al chavismo a cambio de que este incremente la producción de petróleo y atempere así el posible efecto de dictar un embargo al crudo de Rusia por la invasión de Ucrania.
Según ha sabido este diario, después de no advertir a Juan Guaidó y aquellos a los que desde 2019 reconoce como representantes legítimos del pueblo venezolano, los enviados por EE.UU. a Venezuela se excusaron ante esos opositores al chavismo alegando que la decisión de autorizar los contactos directos sobre petróleo con el régimen había sido tomada al más alto nivel, por el presidente Biden y el secretario de Estado, Antony Blinken, en persona.
Así se lo comunicó el asesor del presidente sobre Iberoamérica y enviado a Caracas, Juan González, a Guaidó en una conversación tras el encuentro con los representantes del chavismo. Fuentes de la Administración Biden aseguran a ABC que no hay planes inmediatos de retirar el reconocimiento a Guaidó como representante legítimo del pueblo venezolano.
Tuvo que ser Psaki, la portavoz del presidente, la que salió el lunes a dar explicaciones sobre la misión a Caracas, ante el silencio de la diplomacia norteamericana. Fuentes del departamento de Estado remitieron a este diario a la Casa Blanca, sin querer comentar sobre el viaje. Psaki afirmó al ser preguntada por un levantamiento de sanciones que «eso es saltar varias etapas en el proceso, ya que hubo una discusión que tuvieron los representantes de la Administración en el transcurso de los últimos días y esas conversaciones están en curso».
Durante el viaje, según dijo Psaki, los funcionarios estadounidenses trataron de negociar la liberación de seis ejecutivos de Citgo Petroleum Corp. —cinco ciudadanos estadounidenses y uno residente legal— detenidos durante un viaje de negocios a Caracas en noviembre de 2017 y acusados de lavado de dinero, entre otros delitos; dos soldados retirados de EE.UU. detenidos tras un intento de golpe en Venezuela, y Matthew Heath, un ex soldado detenido en 2020 junto a una refinería y acusado de terrorismo.
En la misión de EE.UU. a Caracas estuvieron González, que es el encargado de América Latina en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca; el embajador de EE.UU. para Venezuela, que trabaja desde Colombia, Jimmy Story, y el enviado especial del presidente Biden para liberación de rehenes, Roger Carstens. Ausente de la preparación de ese viaje, y su ejecución, estuvo el máximo responsable para Iberoamérica en el departamento de Estado, Brian Nichols, que se ha mantenido al margen de estos contactos.
Carstens, el enviado especial de Biden para rehenes, se quedó en Caracas intentando asegurar la salida de prisión de dos de los estadounidenses presos por el chavismo. Una fuente opositora al chavismo informada tras la visita dijo a ABC que «no hubo acuerdo y solo pudieran lograr la liberación de dos americanos en buena voluntad por la reunión».
Esa misma fuente dice a ABC que en la reunión, González, por parte de EE.UU., propuso levantar sanciones petroleras para que el chavismo pueda comercializar con EE.UU., que Maduro libere a los nueve ciudadanos o residentes estadounidenses presos, y reanudar a la ronda de negociación política en México. Según esa misma fuente, Maduro, por su parte, exigió que se le retiren todas las sanciones e investigaciones judiciales a él y a su círculo íntimo y que se le reconozca como presidente legítimo de Venezuela hasta 2024.
Maduro está buscado por EE.UU. como integrante de un cártel de narcotráfico, además de los delitos de represión que le ha atribuido la Casa Blanca en los pasados años. De hecho tiene Washington una recompensa de 15 millones de dólares por detalles que permitan su arresto.
Tras las sanciones de EE.UU., Venezuela ha sido capaz de producir unos 760.000 barriles de petróleo al día con ayuda de sus socios, una cantidad que no es ni una cuarta parte de lo que exportaba en los años 90 y que no cubre ni una fracción de la exportación rusa. La producción de Venezuela no puede sustituir lo que necesitaría EE.UU. si renuncia al crudo ruso.
Ha habido presión de empresas petroleras de EE.UU. como Chevron por levantar sanciones sobre Venezuela para poder recuperar el pago de una gran deuda contraída por la petrolera estatal venezolana, Pdvsa, a lo largo de los años.
Con la decision de autorizar este viaje, la Casa Blanca ha roto el consenso bipartidista que ha habido hasta ahora en Washington en materia de política a Venezuela. Algunos de los más destacados republicanos en el Capitolio, como los senadores Marco Rubio y Jim Risch han criticado la decisión de negociar directamente con el régimen de Maduro. Rubio dijo el lunes por la noche en un vídeo que la de Biden es «una oferta ridícula, una oferta peligrosa, una oferta bochornosa».
Pero la crítica más dura y más alarmante para la Casa Blanca procede de Menéndez, del Partido Demócrata, más dado que la mayoría de ese partido en el Senado es de apenas un voto. «Los esfuerzos de la Administración Biden para unificar al mundo entero contra el tirano asesino en Moscú no deberían verse contrarrestados por nuestro sustento al dictador en Caracas siendo investigado por crímenes de lesa humanidad. Las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano, al igual que la determinación y el coraje del pueblo de Ucrania, valen mucho más que unos pocos miles de barriles de petróleo».
En 2019, EE.UU., bajo Donald Trump, rompió relaciones con el chavismo, acusando a Maduro de fraude electoral para perpetuarse en el poder. Desde entonces reconoció a Guaidó y a la Asamblea Nacional como representantes legítimos del pueblo venezolano. Después Trump aplicó un embargo sobre el crudo venezolano, que hizo a Maduro dependiente de Rusia primero y de Irán después.
Recientemente, González, que es asesor de Biden para asuntos latinoamericanos, dijo en una entrevista a Voice of America que «las sanciones sobre Rusia son tan robustas que tendrán impacto sobre aquellos gobiernos que tienen afiliaciones económicas con Rusia y eso es por diseño, o sea que Venezuela va a comenzar a sentir esa presión».
A Biden le preocupa que un embargo total al crudo ruso provoque un alza alarmante en los precios de la gasolina en EE.UU., y ha dicho que busca opciones para mitigar ese impacto.