Creyentes en México están siendo presionados por parte de las autoridades gubernamentales para renunciar a su fe para poder tener acceso al agua potable.
Con acuerdos ilegales, distintos funcionarios están presionando a las familias cristianas a elegir entre tener agua o seguir en su fe para realizar servicios de adoración.
Entre lo que establece el acuerdo, hay una gran multa que deben pagar por los servicios públicos par seguir reuniéndose; dos familias ya recibieron el aviso previo.
Ubicadas en la vereda La Mesa Limantitla en Hidalgo, éstas familias se negaron a firmar un documento que los obligaba a renunciar a su fe; otras 8 de ellas sí lo hicieron.
Hasta Enero de este año, las familias tuvieron acceso a agua, alcantarillado, programas del gobierno y la planta comunitaria; tras la negativa, dichos servicios ya no están funcionando.
Las autoridades locales pagaron la multa las primeras veces para que las familias pudieran tener acceso a los servicios; pero después se les notificó que ya no podían seguir pagando la multa y que por tanto, podrían ser excluidos de dichos servicios.
En la aldea de Cuamontax Huazalingo, varios cristianos fueron desplazados de su territorio tras prohibir la entrada de cristianos al lugar; Gilberto Badillo fue uno que se quedó sin hogar debido a que invadieron sus tierras tras su expulsión de las tierras.
El hijo de Badillo, Uriel, aseguró para Christian Solidarity Worldwide que líderes locales tomaron las tierras de su padre ignorando los derechos de propiedad.
Los líderes comunitarios amenazan constantemente a los creyentes de no regresar al lugar; y a pesar de que el caso se denunció en la Oficina Regional de Derechos Humanos, las autoridades municipales, la Oficina Federal de Asuntos Religiosos y el Gobernador de Hidalgo, jamás hubo respuesta.
Según lo que detalla estos acuerdos ilegales, los mismos se hacen violando la ley y brindando resultados no muy justos; promoviendo la represión de la Libertad Religiosa.
Al parecer y tras investigaciones, este pueblo ya es víctima de este tipo de maltratos, al negarsele el acceso al agua y la electricidad, impedir que los niños de las minorías religiosas asistan a la escuela, la detención arbitraria y el desplazamiento forzado; ya que ésta es una comunidad indígena.
Y aunque la ley mexicana protege la cultura tradicional y la libertad religiosa; hay falta de comprensión que motiva las violaciones de derechos de los creyentes.
«Estamos profundamente preocupados por la inacción del gobierno en la región de la Huasteca y las persistentes violaciones del derecho a la libertad de religión o creencias. Apelamos al gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, hacer frente a las injusticias contra estas familias sin demora y garantizar que los funcionarios de su administración respeten el estado de derecho», dijo el presidente ejecutivo de CSW, Mervyn Thomas.
“También hacemos un llamado a los gobiernos federal y estatal de México para defender el derecho a la libertad de religión o creencias y garantizar resultados justos para todas las comunidades religiosas minoritarias que sufren violaciones debido a sus creencias religiosas”, concluyó.