El Tribunal Supremo de Italia confirmó este viernes las cadenas perpetuas a 14 personas involucradas en el llamado Plan Cóndor, la represiva operación llevada a cabo por las dictaduras de Suramérica en los ’70 y 80′, y respaldada por EE.UU., contra los opositores de izquierda.
La sentencia recae sobre 14 militares y jerarcas de Chile y Uruguay, que son acusados de la muerte de una veintena de ciudadanos italianos en la puesta en marcha del Plan Cóndor.
De esta manera, la Corte ratificó el fallo emitido en julio de 2019 por el Tribunal de Apelación de Roma, en segunda instancia, contra los represores.
En principio la lista de involucrados era más larga, pero se ha reducido. Hasta este jueves aún se contaban 20 imputados, sin embargo, se pidió esclarecer la situación de tres peruanos, cuyo caso será estudiado en otro proceso ante el Supremo italiano; estos son el exdictador Francisco Morales Bermúdez y los militares Germán Ruiz Figueroa y Martín Martínez Garay. Además, se constató la muerte de otros tres acusados.
Los sentenciados
Así, la sentencia de este viernes fue ratificada sobre 11 uruguayos y tres chilenos.
Los represores uruguayos son Jorge Néstor Troccoli, Juan Carlos Blanco, José Ricardo Arab Fernández, Juan Carlos Larcebeau Aguirregaray, Pedro Antonio Mato Narbondo, Ricardo José Medina Blanco, Ernesto Abelino Ramas Pereira, José Sande Lima, Jorge Alberto Silveira Quesada, Ernesto Soca y Gilberto Vázquez Bissio.
El militar Troccoli, de 74 años, es el único que ha estado de manera presencial en el proceso —aunque este viernes no acudió a la audiencia—, puesto que vive en Italia, luego de escapar de la Justicia uruguaya en 2007.
Entretanto, los chilenos son Pedro Espinoza, exmiembro de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta de Pinochet; Carlos Luco Astroz, exfuncionario de la Policía de Investigaciones; y el militar Daniel Aguirre Mora.
Esta sentencia final llegó después de 23 años de iniciado el proceso, que arrancó cuando el dictador chileno Augusto Pinochet fue detenido en Londres por orden del juez español Baltasar Garzón y, entonces, el fiscal de Roma Giancarlo Capaldo abrió su investigación sobre posibles víctimas italianas en las dictaduras suramericanas.