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Cristianos en España se oponen a la nueva ley que favorece a los trans y pone en riesgo a menores

La Alianza Evangélica Española ha cuestionado este proyecto, afirmando que pasa por alto lo que dice la ciencia y la medicina, y señalando que esto podría llevar a la creación de una sociedad con diferentes niveles de derechos.

El Ministerio de Igualdad español ha solicitado la opinión de ciudadanos y organizaciones antes de la previa aprobación de la ley para «la igualdad plena y efectiva de las personas trans».

Las autoridades tienen la intención de desarrollar una ley con el fin de solucionar problemas que no están cubiertos por la legislación vigente en cuanto a temas de discriminación.

El gobierno espera que cualquier ciudadano pueda cambiar su sexo en registros y documentos oficiales, sin necesidad de presentar informes médicos o psicológicos que demuestren que tiene disforia de género.

El ministerio, por su parte, cree que sería buena idea «superar la idea de la transexualidad como enfermedad o trastorno».

Para esto, tienen como objetivo «garantizar y promover una igualdad plena, real y efectiva para las personas trans”, por lo que promoverán “medidas específicas en el sector público y privado, en salud, educación, trabajo, penitenciarías y deportes, entre otros».

La Alianza Evangélica Española (AEE) ha respondido a la consulta pública, demostrando que se opone al desarrollo de esta ley.

Esta organización asegura que «la normativa vigente ya brinda suficiente cobertura para el colectivo objeto de la ley».

«Lo que se debe garantizar es el cumplimiento del artículo 14 de la Constitución, no crear una sociedad con diferentes niveles de derechos», señalan en su documento.

Uno de los puntos que más preocupa a muchos sobre la implantación de esta ley, es la autodeterminación sexual de los menores de edad.

La AEE advierte que la propuesta «produce efectos contrarios a los previstos, ya que pone en riesgo el bienestar, la salud y los derechos de los menores». 

«Entendemos que en este tema tan delicado, la legislación no debe aprobarse sin tener en cuenta la evidencia científica», sostienen.

La organización asegura que no es correcto permitirles a los más pequeños tomar decisiones con respecto a su sexualidad, ya que no tienen una madurez suficiente para hacerlo.

Al mismo tiempo, consideran que excluir a los padres de tal decisión final «es una imprudencia y una negación inaceptable de la responsabilidad parental en el desarrollo de sus hijos».

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