SANTO DOMINGO.-El exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz figura como principal vinculado al caso que investiga la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) sobre un desfalco contra el Estado dominicano que supera los 17,000 millones de pesos en operaciones relacionadas con expropiaciones de terrenos en áreas protegidas.
Guerrero Ortiz es un economista y hombre de negocios que se desempeñó como ministro de Hacienda en la segunda administración de Danilo Medina, del año 2016 a 2020.
Además en la investigación figuran los exfuncionarios Simón Lizardo Mézquita, exadministrador del BanResrevas, Ramón Emilio Jiménez Collie (Mimilo), Emilio César Rivas Rodríguez, Claudio Silver Peña, Luis Miguel Piccirillo Mccabe y Domingo Enrique Martínez Reyes, Luis Baldemiro Reyes Santos, Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, Princesa Alexandra García Medina y Aldo Antonio Gerbasi Fernández, Rafael Gómez Medina, entre otros.
El documento del Pepca indica que el modus operandi consistía en que, bajo las instrucciones del ministro de Hacienda, para ese entonces, Donald Guerrero Ortiz, se realizaron maniobras fraudulentas con el objetivo de sustraer del erario público la cantidad de RD$19,653,871,513.80, por concepto de acuerdos transaccionales, de los cual hemos (el Pepca) determinó que lograron sustraer RD$ 17,300,642,051.07 por operaciones relacionadas con expropiaciones de terrenos en áreas protegidas.
Además, el Pepca indica que se determinaron otras operaciones como la simulación de compras y venta de terrenos bajo la modalidad de deudas administrativa, cuyo elemento común en todas las transacciones o acuerdos firmados entre las partes, es el relacionado a contratos de cesiones de crédito por más de RD$10,500 millones a personas de su entera confianza, que en ocasiones utilizaban sociedades comerciales de carpeta, disolviéndolas inmediatamente obtuvieron su objetivo, constituyendo el tipo penal de desfalco.
La Pepca señala que “el imputado Donald Guerrero creó una estructura gubernamental» con la participación de los funcionarios citados más arriba para a través del Ministerio de Hacienda hacer procesos irregulares e ilegales de deuda pública y con ello desfalcar el patrimonio del Estado dominicano.
Se trata de un mecanismo detectado de manera accidental en 2021 para cobrar miles de millones de pesos al Estado por expropiaciones que datan de hasta 50 años y que eran cobrados a precios actuales y que los investigadores estiman que la mayoría de los fondos quedaban en manos de personas vinculadas con el Ministerio de Hacienda de la gestión anterior.